La consecuente alteración del medio ambiente, provocada por la explotación de la mega minería en aquellas provincias cordilleranas como San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Neuquén y La Rioja, entre otras, es un hecho que debe ser tomado con la real seriedad que exige tal problemática, ya sea por nuestra sociedad en general, como por nuestros dirigentes y gobernantes en particular. No reconocer las probables consecuencias que esta pueda ocasionar, puede imposibilitarnos de dejarles a las futuras generaciones de argentinos, un lugar en donde valga la pena vivir.

Aún no está comprobado del todo el grado de impacto y consiguientes perjuicios naturales que genera este tipo de emprendimientos, pero es de suponer, según los antecedentes y lo ocurrido en otros lugares del mundo, que este fenómeno genera efectos indeseables en nuestro medioambiente, no solo en lo que respecta a la alteración de nuestro ecosistema, sino también en el impacto negativo de tipo económico, con el encarecimiento del costo de vida a todo nivel y el aumento de problemáticas sociales, antes inexistentes.

Hoy en día las demandas de una minería abierta y sin ningún tipo de regulación que desde los sectores especulativos de la economía, o desde los supuestos capitales de inversión extranjeros se hacen, provocan una explotación sin medida de los recursos naturales, que sin los controles adecuados, legislación y normativas regulatorias eficaces, transforman a dicha actividad en irracional. Es por ello que la protección de nuestras zonas glaciares y peri glaciares, termina siendo un imperativo propio de la racionalidad económica, que exige un ligero cambio en la conductas humanas, dado que nosotros somos los principales responsables, de resguardar el derecho natural de todo ser vivo, que es el derecho a la vida.

Es necesario, que el tan declamado desarrollo sustentable, se transforme en un objetivo fundamental, que abarque no solamente el bienestar económico y social de nuestra sociedad, sino también la clara defensa de la naturaleza, el medio ambiente y la calidad de vida de quienes habitamos y desarrollamos otras actividades productivas.

El debate generado a partir del tratamiento de la ley de protección de los glaciares en el Congreso de la Nación reaviva la polémica sobre el tema de la minería, y es allí donde vemos que, tanto desde el Estado Nacional, como desde las provincias, no existen rápidas acciones esclarecedoras al respecto; en cambio se terminan promoviendo desde estos estamentos el aglutinamiento y la convocatoria a distintas fuerzas empresarias y sindicales afines a la actividad minera, para solidarizarse en una campaña ciega y soslayadamente política de confrontación, sesgando la discusión únicamente a la cuestión económica.

En el caso específico de San Juan y de las otras provincias involucradas, sus Gobiernos deberían tomar medidas concretas en el plano local, buscando la cooperación nacional e internacional, para contrarrestar cualquier peligro que atente contra sus habitantes, para confirmar la certeza o no, de la futura contaminación de las nacientes de sus aguas, la alteración del medio ambiente y la afectación de sus glaciares.

Esta iniciativa debería tomar la forma de una verdadera Política de Estado, generada desde el ámbito adecuado para dar tratamiento a este tema tan sensible, procurando no dejar afuera, como espectadora ignorante, a la sociedad civil organizada, ni a la comunidad en general, que es innegablemente, quien debería expresarse con un conocimiento profundo y más acabado respecto al tema en cuestión.

El Estado tiene la obligación de informar y formar ciudadanos responsables y acreditados en la defensa y preservación del medio ambiente, capaces de participar y revertir un proceso claramente amenazador.

En el logro de dicho objetivo, es fundamental contar con el valioso aporte de los medios de comunicación, del cual debería desprenderse, una labor periodística de investigación objetiva, no tendenciosa. Medios que promuevan la información y sin la motivación de influir sobre los gobiernos; medios que contribuyan a generar ámbitos de consensos y encuentros entre las instituciones, sus dirigentes, los gobiernos y la comunidad en general.

No es a partir del conflicto y el enfrentamiento permanente que vamos a hallar las soluciones a problemas como éste de la minería, y muchos otros que hoy se nos plantean. La única posibilidad de comenzar a transitar un camino donde podamos encontrar alternativas que nos comprendan a todos, es desde la búsqueda de consensos, con planificación y políticas de estado inclusivas; en una sociedad con gobiernos, con políticos oficialistas y de oposición, académicos, representantes de instituciones y dirigentes empresarios y sindicales, comprometidos en la defensa del patrimonio público y  en la búsqueda del virtuoso objetivo del bien común.

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