Es el título del artículo de opinión escrito por el Director del Instituto de Seguridad y Justicia de ACEP Argentina y actual concejal por el Frente Renovador de Escobar, provincia de Buenos Aires, Gonzalo Fuentes y Arballo.
Nuevamente ante el fallecimiento de cinco jóvenes en una fiesta electrónica nos vemos confrontados con la actualidad del abuso de estupefacientes y su relación con la organización de fiestas masivas. Varios temas surgen al momento de efectuar un análisis de lo acontecido: ¿Quién autoriza estas fiestas? ¿Cuál es el deber de contralor de las autoridades municipales? ¿Quiénes organizan estas fiestas y cuál es su vinculación con la venta de drogas? Y una pregunta subyacente: ¿Cuánto saben los padres y no quieren mirar sobre el comportamiento de sus hijos en estas salidas?
Ahora bien, que en la celebración de recitales y grandes fiestas comerciales está presente el consumo de drogas y alcohol, al menos por un sector de su asistencia, es una realidad que no necesita un análisis de especialistas. Pero cuando ese mismo consumo se auspicia por parte de vendedores de drogas en las fiestas con complicidad de la organización, cuando la cantidad de asistentes excede el marco de las instalaciones generando la imposibilidad de moverse o evacuar el lugar, cuando la asistencia médica contratada es insuficiente y sólo cumple la formalidad para poder obtener una autorización de realización del acto y la seguridad de miles de personas se la libra al sector privado, tenemos todos los condimentos necesarios para posibilitar este tipo de tragedias.
Las vidas interrumpidas este viernes en la ciudad de Buenos Aires, el fallecimiento de una joven en una fiesta similar sin autorización, pero con conocimiento de agentes del municipio de La Plata tienen que resultar suficiente disparador para la instrumentación de un protocolo eficiente y determinación de responsabilidades en forma inmediata. Los estados municipales tienen la obligación de la correcta autorización y contralor en lo que hace al evento. Las fuerzas policiales tienen que involucrarse en la seguridad cuando son miles los vecinos participantes, deben efectuar las tareas de prevención, pero no sólo ello, sino que ante la venta de estupefacientes en el lugar deben promover la detención, no solo del “transa”, sino también efectuar la tareas de investigación que inexorablemente las van a llevar a los organizadores de la fiesta y a quienes les dan cobertura desde las esferas institucionales y políticas. No nos confundamos, la solución no es el cercenar el derecho a reunirse y expresarse, el camino es acompañar desde el control que debe ejercer el estado. Nota aparte a los padres, son los principales educadores, si bien la concientización se debe promover en todos los ámbitos posibles, el familiar es donde radica la mayor responsabilidad para generar una juventud sana que conozca cuáles son los límites que no se deben traspasar para retornar a salvo a casa.
Por Gonzalo Fuentes y Arballo
