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Gobernabilidad democrática y criminalidad organizada

gus di paolo "Gobernabilidad democrática y criminalidad organizada en el entorno actual de complejización del delito transnacional " es el título del artículo sobre la relación del crimen internacional y la lógica entre Estados débiles y sociedades fracturadas, escrito por el especialista en política internacional e investigador de ACEP, Gustavo Di Paolo.

Blue mapPreliminarmente, los avances del transnacionalismo han implicado aceptar que el poder no se limita sólo al “poder estatal”, siendo proporcional a condiciones globales, sociales, sectoriales (ya que el Estado no se constituye en la actualidad como el sujeto único de las relaciones internacionales). Existen otras fuentes de poder como empresas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales; en definitiva, una multiplicidad de actores y emanadores de poder. A su vez las variadas fuentes de poder, generan relaciones asimétricas y desproporcionadas entre los actores internacionales (derivando consecuentemente en un marco de interdependencia). La lógica transnacional también presupone el concepto de relaciones internacionales como abarcativo de una estructura de relaciones o vinculaciones de cuestiones, y con una agenda horizontal y no vertical (no jerarquizada). Se debe reconocer la existencia de fenómenos identitarios (políticos, religiosos, étnicos o culturales) que proceden del fondo de la historia, y que en pos de la defensa de derechos postergados, han desestructurado o desestabilizado Estados nacionales constituídos y su legitimidad democrática. Además estos fenómenos constituyen el polo opuesto o contracara de la presunta unificación del orden económico y político mundial. El mundo de hoy muestra un entorno muy diferente al existente cuando se conformaron los Estados nacionales, ya que existe una recomposición de espacios geopolíticos por medio de la cual cada región, país o comunidad trata de adaptarse a los efectos expansivos de la sociedad globalizada. Por otra parte, la disputa por factores estratégicos de poder como la disponibilidad del agua, la energía y los recursos naturales en general, es un tema central de la actualidad de las Relaciones Internacionales y de los esquemas de poder hegemónico mundial. El desafío de los países periféricos será el evitar la apropiación de estos recursos estratégicos por parte de los países centrales, en virtud de un interés y una lógica económica subyacente. Los Estados naciones siguen siendo las unidades básicas del sistema mundial. Aunque el declive del nacionalismo de las grandes potencias, y el desvanecimiento de la ideología, hayan reducido el contenido de la política global, la competencia basada en la territorialidad sigue dominando los asuntos mundiales, por más que actualmente sus formas tiendan a ser más civilizadas y moderadas. No obstante ello, las elites nacionales gobernantes han ido reconociendo cada vez más que existen factores diferentes a los territoriales que son más importantes en la determinación del estatus internacional de un Estado o de su grado de influencia internacional El proceso de profundización, ampliación y ensanchamiento de las relaciones entre los sucesos domésticos y los internacionales, influyó decididamente sobre el rol originario de los Estados-nación. La sobrevenida globalización de los noventa se vio agudizada por acelerado avance científico-tecnológico, y por el inusitado movimiento y circulación de capitales transnacionales. Es coherente por ende, que esta reestructuración y priorización de la variable económico-financiera en desmedro de las otras dimensiones en la agenda de política exterior de post-guerra fría de cada uno de los actores internacionales, erosione claramente el basamento y la lógica con la que fue definido el Estado como único y exclusivo sujeto de las relaciones internacionales. La proliferación de nuevos actores internacionales y domésticos, como actores no estatales o subestatales y organizaciones no gubernamentales, hacen prevalecer el accionar de la sociedad civil por sobre la inercia de la actividad estatal. Por otra parte, la endeblez de ciertos parámetros conceptuales característicos de la potestad estatal, como el concepto de soberanía y el control territorial, terminan por complementar el clima propicio para la decadencia y la exposición del Estado frente a las “amenazas” del transnacionalismo económico y financiero. La revolución y el desarrollo incipiente en las comunicaciones y en la información, generan una vasta capacidad de celeridad en la penetración transnacional. Esta invasión abarca tanto la configuración y la operatoria de las redes referenciadas, la definición de los dispositivos y mecanismos del poder, y la imposición de los nuevos valores culturales y patrones de consumo del transnacionalismo. No sólo se encuentran en reformulación las estructuras del derecho internacional, de la economía, de las finanzas, de la seguridad y la defensa nacional, sino la que se divisa en plena etapa de evolución y reconversión en la mismísima sociedad humana. Apelando a la evolución del proceso globalizador, vemos que el término “globalización” se adecuaba –según una visión economicista- a los parámetros teóricos y epistemológicos definidos por el consenso de Washington a inicios de los noventa. Pero a partir de la segunda mitad de la década referenciada, la definición de globalización se convierte y se traslada cualitativamente del campo económico-financiero a la esfera política, y abarca fundamentalmente la noción de invasión y penetración de la soberanía nacional y del concepto autonómico del Estado-nación. El problema derivado del contexto mediato de post-guerra fría, es que el sistema internacional es más anárquico y desordenado pero aún es fuerte y poderoso. Los Estados se van transformando, pero no desaparecen como lo quiere hacer ver cierta doctrina emparentada con el modelo “institucional” del derecho internacional. La soberanía estatal ha sido gravemente erosionada, pero aún es vigorosamente impuesta y practicable por diversidad de Estados en el concierto mundial. Aunque las fronteras son más porosas y permeables, y se ha hecho énfasis sobre cuestiones étnicas, ideológicas, financieras y científico tecnológicas, lo cierto es que la territorialidad y el control de corrientes migratorias (una de las problemáticas o amenazas no convencionales o no tradicionales de la agenda global de seguridad) siguen siendo relevantes a la hora de una consideración. No obstante, lo contradictorio es que ciertos responsables o hacedores de la política doméstica e internacional, sigan sosteniendo que existe el límite o delimitación entre lo interno y externo aún cuando reconocen su continua lesión o “erosión”. Consecuentemente, el Estado se ha tornado en una institución macro-vigilante, y no en un mero monopolio de violencia física. La erosión del poder estatal frente a la globalización de los mercados desde una perspectiva ideológica, también refleja la intensificación del flujo transnacional de capitales (y una consecuente reestructuración del rol de los Estados). Sin embargo, algunos consideran que el fenómeno globalizador no implica una pérdida de relevancia del Estado a nivel mundial, como tampoco el proceso de regionalización e integración erosionó decididamente la tesitura de la intervención, ya que la gran mayoría de los procesos integracionistas son motivados por la iniciativa de los Estados-nación (en la Unión Europea sus miembros no han perdido el carácter de Estados independientes y con posturas autonómicas). El concepto de globalización que altera y modifica el alcance y la jurisdiccionalidad del Estado, puede ser especificado como la expansión y proliferación de las relaciones sociales y de las instituciones a través del espacio, y en un marco u horizonte temporal. Esta “acción a distancia” es generada por el fomento y desarrollo de las relaciones mismas de cada uno de los Estados-nación entre sí (y una interacción dentro y entre los Estados y las sociedades). El fenómeno globalizador abarca un movimiento transnacional de bienes y capitales, flujo de información, interconexión cultural y corrientes migratorias. Sin dejar de lado la visión autonómica del Estado como tal, es viable resaltar que la participación institucional directa de los individuos (destinatarios mismos del “bien” o servicio estatal) en los niveles descentralizados y centralizados de la administración pública, exige plantear una impronta de “democracia directa” y representatividad no corporativa en la esfera estatal. Otra variante que se divisa claramente es la descentralización y fortalecimiento de los poderes locales y regionales (sobretodo del ámbito o nivel municipal por sobre los otros estratos de la administración general), y el increyente desarrollo de los niveles de participación y representación de los múltiples actores sociales que accionan en el contexto internacional. Una reestructuración del rol del Estado no puede emprenderse sin considerar los principios de estaticidad y autonomía de los actores no estatales o subestatales, que configuran una nueva vinculación entre el Estado y la sociedad. La imposibilidad de ejecutar una reforma integral del Estado, conspiró contra la aspiración de legitimar al Estado en políticas redistributivas y contra la descentralización y eficiencia en la asignación práctica del gasto social (con la devenida y previsible exclusión social). Complementariamente a esto, el desarrollo súbito de los actores no estatales y de la sociedad civil en particular, plantea una reformulación de la vinculación Estado-sociedad-mercado: una decadencia de la variable estatal, un predominio claro del mercado, y un rol activo acentuado de las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales (barriales y comunitarios), y además actores subestatales. La forma de consensuar los intereses del sistema político estatal por un lado, y la impronta de la economía global por el otro, será la clave a resolver para lograr una moderada revalorización de lo local o doméstico, y una anulación de la fractura operada entre la dimensión económica y una sociedad caracterizada por la fragmentación del tejido social. La globalización (en su faceta más negativa) deriva en una proliferación de disparidades, ya que la división instalada sobre países desarrollados o industrializados y no industrializados está perdiendo relevancia. Esto se explica en parte a que el direccionamiento de los flujos de inversión de carácter global, tienen como destino a países que años atrás eran catalogados de subdesarrollados o en vías de desarrollo. Lo curioso es recalcar que dentro mismo de los países centrales e industrializados existen asimetrías o disparidades de crecimiento y desarrollo. En correlato a esto, en los países periféricos existen zonas de relevante inversión directa externa, y otras áreas de marginalidad social y de desinserción en el proceso productivo. No obstante esto, la marginalidad referenciada también genera el intento por construir nuevas identidades políticas, étnicas y movimientos o agrupaciones vecinales. En contraposición a lo expuesto, encontramos Estados debilitados, colapsados, fragmentados y decadentes con sociedades muy “fracturadas” (con el tejido social muy deteriorado), una legitimidad altamente cuestionada, carente de capacidad genuina de independencia o autonomía territorial y de poder negociador en la esfera económica. Los Estados deben recuperar el rol que tenían antes en la economía y en la política (a nivel doméstico y a escalada internacional). Lo que más se requiere en la actualidad es un mayor control político a nivel estatal y supranacional (en el caso de organismos regionales y subregionales). Por otra parte, el antiguo y clásico modelo de seguridad nacional ha quedado obsoleto, en razón de la ausencia de conflictos interestatales (de carácter clásico) y en función de que los dilemas de la seguridad nacional actual tienen su basamento en conflictos originados desde el interior de cada Estado más que en amenazas generadas desde afuera, que atentan consecuentemente contra las capacidades y atributos del Estado “omnipotente” de la concepción realista del sistema estatocéntrico de la paz Westfaliana. Las amenazas emergentes para los Estados son de carácter no convencional e innominadas, tales como el terrorismo internacional, el narcotráfico, las prácticas de legitimación de activos (“lavado de dinero”), crimen organizado, el tráfico de armas, las mafias, la depredación y degradación de recursos marítimos, la no preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, las corrientes migratorias (sobre todo la inmigración ilegal), el increyente deterioro de la situación socio-económica, y la merma en la seguridad ciudadana. La cooperación y la complementación, constituyen la vía de solución y adaptación a la nueva agenda de seguridad en el continente americano (agenda esta compuesta por conflictos y riesgos no interestatales, no militares y no convencionales). El desarrollo de fenómenos transnacionales (como el terrorismo y el crimen organizado o las mafias), y la aparición de conflictos “intraestatales” en el centro de la escena, requieren una “aceitada” cooperación internacional y una vinculación más estrecha entre los factores de seguridad y desarrollo humano, seguridad estatal y seguridad internacional. Esto no significa priorizar desmedidamente la seguridad humana, situación esta que derive en una militarización de los mecanismos operativos de la seguridad. Por otra parte, la reformulación y actualización del principio de no uso de la fuerza militar y convencional, y la aplicación de instrumentos preventivos no disuasivos, y de acción rápida, se constituyen en postulados viables a ser tenidos en cuenta al diagramar una política coordinada de seguridad. Pueden divisarse diversos factores o sucesos internacionales que influyen y que influyeron decididamente en el parámetro de la seguridad hemisférica y regional: la caída de la URSS y la culminación de la guerra fría, el fenómeno globalizador y de expansión de la democracia, las modificaciones estructurales en el concepto de soberanía, las tradicionales circunstancias de desarme regional, y las fragilidades institucionales en materia de seguridad. El hemisferio sur tiene un bajo nivel de conflictividad interestatal, aunque existen residuales situaciones de tensión en materia de problemáticas limítrofes y de soberanía territorial. Las principales amenazas regionales obedecen a disputas intranacionales (conflictos de carácter interno que por su significancia, dimensión y vinculación internacional operan como disparadores de desestabilización en el área de influencia regional y extracontinental). En el período de guerra fría, existía una hegemonía institucionalizada que se canalizaba mediante principios y normas que avalaban las decisiones de orden unilateral. En oposición a esto, el contexto de posguerra fría ha incrementado las posibilidades de integración y asociación, dejándose de lado el sistema hegemónico y unipolar de institucionalización manejado por los Estados Unidos. Al no haber riesgos y amenazas estratégicas concretas y visibles en el sentido tradicional, esto abre la oportunidad para que los países de la región intenten un intercambio de ideas con la superpotencia hegemónica (EEUU) a fin de coordinar y consensuar políticas comunes en el campo de la defensa y la seguridad. La relevancia otorgada a la democracia ha resultado ser un cambio estratégico basamental, siendo el concepto de “paz democrática” el articulador y operador de la seguridad internacional en el ámbito hemisférico. Este último concepto sostiene que los sistemas democráticos poseen un muy bajo grado de conflictividad con uso de la fuerza entre ellos (esta premisa se cumple a la perfección en occidente). La integración comercial, la centralización de pautas de consumo, comportamientos y valores, y la unificación financiera, hacen que la desestabilización operada en una región o país tenga repercusión directa sobre otros puntos del mundo. Es oportuno por ende, exponer una consecuencia mediata del proceso globalizador y de la mundialización, como lo es la vulnerabilidad de la soberanía estatal clásica y la consecuente permeabilidad de las fronteras. Esto trajo aparejado además, la creación de “supranacionalidades” o soberanías superiores, y configuró el carácter “interméstico” (doméstico e internacional a la vez) de los factores económicos, sociales, políticos y culturales. El eje territorial ya no se constituye en la dimensión aglutinante dentro de la definición integral de soberanía. Sin embargo, se divisa una tendencia a la institucionalización, pero se requiere además un régimen multilateral de seguridad consolidado y una conexión acabada de los intereses locales, subregionales y hemisféricos que derive en una solución de beneficio mutuo (sin recurrir a la escalada militar). La planificación y el diseño de dispositivos operativos de prevención, el seguimiento de los postulados de la esencia de la seguridad cooperativa, y la eliminación del unilateralismo, deben ser premisas básicas en la definición de un esquema de seguridad hemisférica integral. Esta reformulación en el ámbito de la seguridad internacional estuvo caracterizada por un cambio profundo en la naturaleza y fuentes de las amenazas, un sostenido crecimiento del costo potencial de las transgresiones internacionales, y una prevalencia de los conceptos de seguridad cooperativa (que se afianza como alternativa a los enfoques disuasivos tradicionales). La seguridad cooperativa también persigue los objetivos de estabilidad regional y de reorientación de los recursos dirigidos a la seguridad nacional. Por otra parte, este enfoque de seguridad ha ocupado importantes espacios en la definición de las agendas regionales sobre esta materia, y ha generado particularmente diversos procesos de integración y asociación como el MERCOSUR. El Cono Sur es una región de baja prioridad estratégica en referencia al centro de la escena internacional. Constituye además una zona geográfica con escasa o baja probabilidad de conflictividad o controversias, ya que los cinco países que la integran no poseen conflictos o problemáticas de relevancia entre sí. Por otra parte, el fomento de una política integral de integración, asociación y cooperación aisla la potencialidad o contingencia de una disputa interestatal. Es por ello, que las amenazas emergentes para los Estados son de carácter no convencional e innominadas, tales como el terrorismo internacional, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, las mafias, la depredación y degradación de recursos marítimos, la no preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, las corrientes migratorias (sobre todo la inmigración ilegal), el increyente deterioro de la situación socio-económica, y la merma en la seguridad ciudadana. Operativamente, estas amenazas poseen asimetrías e incompatibilidades de poder y significancia entre sí, destacándose claramente por su relevancia las problemáticas del terrorismo internacional y del narcotráfico. Concluyendo podemos inferir que un modelo de seguridad cooperativa, multilateral y consensuada puede atenuar los efectos nocivos de las amenazas estratégicas no convencionales, y anular la inestabilidad originada por el accionar de los actores no estatales. Se torna indispensable la coordinación de políticas, pero aún más necesaria una “coordinación política” acabada y consolidada.

Por Gustavo Daniel Di Paolo

 


CV resumido

 

Contador Público (UNLP). Diplomado Internacional en Relaciones Internacionales (Asociación de las Naciones Unidas en la República Bolivariana de Venezuela, World Federation of United Nations Associations, Palacio de las Naciones, Ginebra – NNUU, Nueva York, y Cátedra Libre “Dag Hammarskjold” de la Universidad Tecnológica del Centro-ANUV, Valencia, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela). Especialista en Marketing Internacional (UNLP, Convenio de Cooperación Científico - Técnico con la Export -Akademie Baden Wurttemberg Universidad de Reutlingen, Alemania). Carrera de Postgrado en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa de la Nación Argentina). Maestría en Relaciones Internacionales (Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata).

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La Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) es una entidad creada a principios del año 1999 en Argentina con el fin de promover los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y el respeto por los valores democráticos consagrados en la misma. Para ACEP es de especial interés el abordaje, desde una óptica humanista y cristiana, de las problemáticas del empleo, la salud, la educación, los jóvenes y la mujer.


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